En Argentina, la década de los 70’ se vió marcada por permanentes hechos de violencia, ejercida desde los distintos sectores políticos y sociales del país. En 1970, sacudió el escenario político tras el asesinato al ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, por parte de la agrupación Montoneros. La muerte del ex mandatario tuvo como principal consecuencia política la renuncia del presidente de facto de aquel entonces: Juan Carlos Onganía.
Ante la asunción de Levingston, y luego el último presidente de la autodenominada “Revolución Argentina”, Alejandro Lanusse, todo parecía anunciar un posible regreso del peronismo a las urnas, y de Juan Domingo Perón a nuestro país. “El líder” se encontraba proscripto y exiliado desde su caída en 1955.
Perón, finalmente, tras 18 años de exilio en países como Paraguay, Panamá y principalmente España, regresó al territorio nacional un 20 de junio de 1973, durante el gobierno democrático del peronista Cámpora. La jornada estuvo marcada por un nuevo hecho de violencia entre militantes del peronismo: la Masacre de Ezeiza, que finalizó con 13 muertos.
Posteriormente y en un clima social y político convulsionado, Perón arrasó en las elecciones presidenciales, en septiembre de 1973. La fórmula Perón – Perón cosechó el 61% de los votos, dejando muy atrás al radicalismo encabezado por Balbín – De la Rúa. Previo al proceso electoral, se mencionaba la posibilidad de una fórmula encabezada por Perón y secundada por Balbín, para desarrollar un gobierno de unidad nacional en pos de “apaciguar las aguas”; pero tanto dirigentes del peronismo como el radicalismo se opusieron a esa opción.
El líder justicialista, tras menos de un año de gobierno, falleció el 1 de julio de 1974. En el gobierno, su sucesora natural era la vicepresidente y esposa, María Estela Martinez, o también conocida como “Isabel Perón”. A pesar de ocupar el cargo de presidente, el nuevo gobierno justicialista se encontraba como nunca antes, ante una circunstancia de vacío de poder.
A esta situación se le agregó la tensión entre el peronismo “de derecha” y los montoneros, la creación de “la Triple A” y los decretos de aniquilamiento. Y como si esto fuese poco, la crisis económica e hiperinflación tras el “rodrigazo” golpeaba el bolsillo de los argentinos.
Todo hacía previsible un posible golpe de Estado en la Argentina, hecho que concluyó el 24 de marzo de 1976. Las fuerzas armadas instauraron una nueva dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, que duró hasta diciembre de 1983, siendo la más larga de nuestra historia.
La última dictadura, además de la crisis económica, se vio marcada por el crecimiento cuantitativo de los hechos de violencia, sobre los previamente existentes. Ya en 1978, se hablaba de desapariciones en el territorio argentino, no solo de dirigentes políticos, sino también referentes sociales, músicos, artistas y ciudadanos comunes.
En 1983, con el regreso de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín ordenó la creación de un ente que tuviese como objetivo investigar la desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar. La CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), compuesta por referentes de distintos sectores sociales y encabezada por Ernesto Sábato, presentó el informe “Nunca Más” en septiembre de 1984.
El informe logró receptar datos exactos sobre 8961 desaparecidos, advirtiendo que “es inevitablemente una lista abierta”, y que “muchas desapariciones no habían sido denunciadas, por carecer la víctima de familiares, por preferir estos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos”.
Durante el nuevo milenio, el 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación promulgó la ley 25.633 creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta ley tuvo el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo.
