La denuncia es por violencia familiar formulada por su exmujer y establece una restricción de acercamiento mutua por un período de seis meses, lo que significa que el legislador no puede estar presente en los lugares que frecuenta su exmujer y viceversa.
Además, el juez ha prohibido cualquier tipo de comunicación entre ellos, incluyendo cualquier contacto verbal, telefónico, personal, por medios informáticos o cibernéticos, o por interpósita persona. La orden judicial fue realizada el 2 de febrero último y detalla que, “a los fines de hacer cesar la escalada de violencia, proteger la vida, la integridad física o emocional, la libertad y seguridad personal de la denunciante y del grupo familiar”.
Eduardo Serrano ocupa una banca en el bloque de Hacemos por Córdoba y es precandidato a intendente por Juntos por el Cambio en Lozada. En cuanto a si la orden judicial contra el legislador podría generar un expediente interno en la Legislatura de Córdoba debido a que ocupa un cargo público, dependerá de las normativas y protocolos internos de la Legislatura en cuestión.
Es importante destacar que la Legislatura cuenta con la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, que funciona en forma permanente y puede ser un espacio de referencia para abordar este tipo de situaciones. Además de la adhesión de la provincia a la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública.
