El Gobierno nacional destinó $7.366 millones a la Secretaría de Inteligencia, incluyendo $1.625 millones sin obligación de rendir cuentas, a través de un DNU que contrasta con los discursos de austeridad y los pedidos de jubilados por haberes dignos.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional ha incrementado el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en $7.366 millones. De este monto total, una suma significativa de $1.625 millones se destinará a gastos reservados, es decir, fondos sobre los cuales el organismo no deberá presentar ningún tipo de justificación. Esta decisión se da en un contexto de fuertes reclamos por parte de los jubilados en demanda de haberes dignos y en paralelo a los discursos de máxima austeridad promovidos por la administración de Javier Milei2 .
El aumento presupuestario para la SIDE, que opera bajo el programa “Información e Inteligencia”, tiene como objetivo declarado mejorar los servicios de defensa y seguridad que son responsabilidad de esta secretaría4 . La distribución de los fondos adicionales contempla tanto gastos corrientes, con una asignación de $6.344 millones, como gastos de capital, que recibirán $1.022 millones.
Dentro de los gastos corrientes, se destaca un incremento de $885 millones para pagos al personal y $1.145 millones para bienes de consumo . Sin embargo, la partida más abultada dentro de este rubro corresponde a los servicios no personales, que ascienden a $4.323 millones e incluyen desde energía eléctrica y viáticos hasta, principalmente, los gastos reservados, que alcanzan los $1.625 millones3 . A esto se suma un aumento de $1.000 millones destinado al alquiler de edificios y locales.
La medida adoptada por el Ejecutivo a través de un DNU otorga más fondos al organismo que comanda Sergio Neifert, aunque se menciona que su liderazgo se ejerce en las sombras por el asesor presidencial Santiago Caputo . Este incremento en el presupuesto de la SIDE y la considerable suma destinada a gastos reservados se produce en un momento delicado, marcado por la discusión sobre la reconstrucción de Bahía Blanca y las exigencias de los jubilados, generando interrogantes sobre las prioridades del gasto público.