ANDRÉS MINGUILLÓN: ¿MÉRITO O IMPUNIDAD EN LA LEGISLATURA CORDOBESA?

Resulta, cuanto menos, preocupante observar cómo ciertas figuras cuestionadas acceden a puestos de asesoramiento en las instituciones de nuestra provincia. El caso de Andrés Minguillón, ex tesorero cumunal de Villa Ciudad de América y recientemente designado como asesor en la Legislatura de Córdoba, vuelve a poner en discusión los criterios que rigen las designaciones dentro del ámbito legislativo.

Según consta en medios de comunicación y documentos judiciales, Minguillón fue denunciado años atrás porque su nombre figura en una causa en la que la Justicia investiga posibles irregularidades vinculadas a la venta de tierras en el Departamento Santa María. En ese contexto, se lo habría vinculado a maniobras que están siendo evaluadas por el Poder Judicial por la eventual generación de constancias de posesión o títulos de dominio presuntamente irregulares.

Cabe subrayar que, hasta el momento, no existe una condena firme contra Minguillón, y que toda persona investigada por la justicia goza del principio de inocencia. No obstante, el hecho de que su nombre esté vinculado a causas judiciales relevantes plantea interrogantes legítimos sobre los estándares de transparencia que deberían regir en la designación de cargos públicos.

La designación de Minguillón como asesor legislativo no solo genera inquietud en algunos sectores de la ciudadanía, sino que también pone de relieve una problemática estructural: la falta de criterios claros, objetivos y éticos para ocupar cargos de asesoramiento político en organismos estatales.

A su vez, trascendió que, en su rol de tesorero comunal se vio envuelto en una polémica por el despido de un empleado municipal que había sido candidato de la oposición en comicios recientes. El hecho fue denunciado públicamente por vecinos y referentes locales como un acto de carácter político, lo que, de ser así, resultaría incompatible con los principios democráticos de pluralismo y respeto institucional.

En un momento en que la sociedad demanda mayor rendición de cuentas y estándares éticos más altos por parte de sus representantes, estos casos invitan a reflexionar sobre la necesidad de transparentar los procesos de selección, y de asegurar que quienes integren las instituciones públicas no solo tengan las competencias técnicas necesarias, sino también trayectorias acordes con los valores que exige la función pública.

La pregunta queda abierta: ¿debería el Poder Legislativo revisar con mayor rigurosidad los antecedentes de quienes ingresan a sus filas, incluso en roles técnicos o de asesoramiento? Para muchos ciudadanos, la respuesta es sí. Y en tiempos de creciente descreimiento hacia la política, esa revisión no es solo una medida institucional, sino una exigencia democrática.