La Legislatura de Córdoba ha quedado en el centro de la controversia tras la publicación de una lista que detalla la cantidad de asistentes parlamentarios contratados. Según el informe oficial, hay un total de 1,054 asesores, de los cuales 343 responden directamente a los 70 legisladores provinciales, lo que representa un promedio de cinco asistentes por legislador.
El resto, 711 personas, son catalogadas como “asistentes legislativos no permanentes”, asignados a bloques legislativos, comisiones y otras áreas. Sin embargo, la información sobre sus funciones específicas no fue detallada inicialmente, lo que ha generado interrogantes sobre su rol dentro de la Legislatura.
Exintendentes en la Legislatura: ¿contención política?
Un análisis más detallado reveló un dato llamativo: al menos 85 de estos contratados son exintendentes que no pudieron postularse para un nuevo mandato en 2023 debido a la ley que impidió la re-reelección. De este grupo, 70 pertenecen al peronismo, 13 a la UCR y 2 a la Unión Vecinal.
Este hallazgo refuerza la sospecha de que la Legislatura se ha convertido en un espacio de reubicación para dirigentes que quedaron fuera de sus cargos electivos. La falta de transparencia sobre las funciones específicas de estos exintendentes dentro de la Legislatura ha alimentado el debate sobre si estas contrataciones responden a necesidades genuinas o si son parte de una estrategia de contención política.
Mientras crecen las críticas, desde la Legislatura aún no se ha brindado una explicación detallada sobre cómo se distribuyen estos 711 asistentes no permanentes y cuáles son sus tareas concretas.
La reciente revelación sobre la contratación de 85 exintendentes en la Legislatura de Córdoba, tras quedar inhabilitados para una nueva reelección en 2023, ha generado una fuerte polémica.
Este fenómeno es especialmente evidente en el departamento de Santa María, donde varios exjefes comunales han encontrado en el ámbito legislativo una continuidad laboral que suscita críticas respecto a su prolongada dependencia del sector público y su aparente reticencia a integrarse al ámbito privado.
A continuación, se detallan algunos casos destacados:
- Nelson Luján (Villa del Prado): Asumió como jefe comunal en 2009 y fue reelecto en 2011, 2015 y 2019, acumulando 16 años consecutivos en el cargo hasta 2023. Antes de su incursión en la política, trabajaba en un aserradero. Su prolongada permanencia en la función pública y su reciente incorporación a la Legislatura plantean interrogantes sobre su disposición a retornar al sector privado.
- Jorge Merlo (Valle de Anisacate): Su gestión se vio empañada por una condena en 2021 por falsedad ideológica y estafa relacionada con la venta de terrenos en 2004. La sentencia incluyó la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cuatro años. A pesar de ello, su presencia en la Legislatura sugiere una continuidad en el ámbito estatal que genera controversia. Valle de Anisacate, una localidad de aproximadamente 1300 habitantes, está bajo las directivas de Jorge Merlo desde hace 24 años. Allá por 1999 cuando José Manuel De la Sota lograba por primera vez acceder a la gobernación, simultáneamente Merlo accedía al cargo de la jefatura comunal.
- Edgardo Girotti (Lozada), Franco Gómez (Rafael García), Andrés Miguillón (Villa Ciudad de América), Hugo Suarez (Los Cedros), Claudio Peña (Villa San Isidro), Alejandro Sosa (La Rancherita): Su inclusión en la lista de exintendentes contratados por la Legislatura indica una trayectoria prolongada en el sector público.
- Dique Chico, otro ejemplo de contención en la Legislatura: La localidad del departamento Santa María también refleja cómo la Legislatura se ha convertido en un refugio para exintendentes. En este caso, dos exjefes comunales están contratados: Alfredo Nilo y Abel Cistaro, además de Claudio Peña, exintendente de San Isidro. La enemistad entre Nilo y Cistaro es tal que ambos se han cruzado denuncias en la Fiscalía de Alta Gracia. Nilo acusó a Cistaro de usurpación de cargo, mientras que Cistaro denunció a Nilo por malversación de fondos. Hoy, irónicamente, conviven en la Unicameral.
A que partido pertencen cada uno
Peronistas:
- Abel Cistaro (Dique Chico)
- Alfredo Nilo (Dique Chico)
- Claudio Peña (Villa San Isidro)
- Edgardo Girotti (Lozada)
- Franco Gómez (Rafael García)
- Jorge Merlo (Valle de Anisacate)
- Alejandro Sosa (La Rancherita)
- Hugo Suárez (Los Cedros)
- Andrés Miguillón (Villa Ciudad de América)
Radicalismo:
Nelson Luján (Villa del Prado): Cabe destacar que en un principio pertencía al peronismo.
La tendencia de estos exintendentes a perpetuarse en cargos estatales, evitando incursionar en el sector privado, refleja una preocupante dependencia de la estructura pública. Esta práctica no solo limita la renovación de ideas y liderazgos en la administración pública, sino que también plantea cuestionamientos sobre la eficiencia y transparencia en la asignación de recursos y cargos dentro del Estado.
Cabe destacar que la lista que se reveló es solo una parte de la misma. Faltan conocer alrededor de 1000 cargos más. ¡OJO!Podría haber más exintendetes de Santa María que aparezcan en la lista…
¿Transparencia o acomodo?
Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa el uso de cargos legislativos para reubicar exfuncionarios, un tema recurrente en la política argentina. La pregunta que queda abierta es si la Legislatura de Córdoba realmente necesita tal cantidad de asesores o si estamos ante una práctica habitual de acomodo político.
La política no puede ser un empleo de por vida. No puede ser un refugio eterno para aquellos que, en lugar de asumir el desafío de la competencia en el sector privado, prefieren vivir de los recursos del Estado. La falta de renovación en la gestión pública impide el ingreso de nuevas ideas y perpetúa un círculo de privilegios donde los funcionarios rotan de cargo en cargo sin que se les exija rendir cuentas o demostrar su verdadera utilidad.
Es urgente un cambio de paradigma que ponga fin a estas prácticas. Los ciudadanos no pueden seguir sosteniendo con sus impuestos a una clase política que se niega a abandonar su zona de confort. La función pública debe ser una vocación de servicio y no un medio para asegurarse un salario de por vida sin esfuerzo ni compromiso real con la sociedad.
